Colombia

Reconstrucción del orden político

Las aspiraciones del gobierno radical para revitalizar a una sociedad llena de conflictos comenzaron en la dimensión política.

El régimen militar por medio del terrorismo de estado había generado una profunda separación entre el Estado y la sociedad civil. El nexo entre ambos, el sistema político, había sido sepultado. La dimensión política que supone la existencia de la forma democrática de gobierno, debía ser revitalizada. De esto se desprende el énfasis puesto en la campaña electoral en los valores y el espíritu democrático. La lucha contra el autoritarismo y por la democratización llevó al gobierno a enfrentar a los poderes corporativos representados en los militares, la iglesia, el sindicalismo y la cúpula empresaria con el objetivo de que sus conductas respeten la democratización social y las normas que rigen el Estado de Derecho. Alfonsín quería rescatar los valores y la esencia de la democracia, que supone una base de distintos intereses que por medio de la política como canalizadora de conflicto, permite el ordenamiento social a través de las normas del Estado. Este postulado se puede relacionar con la definición que Alain Touraine hace de la misma: "lo que define a la democracia no es solo un conjunto de garantías institucionales o el reino de la mayoría, sino ante todo el respeto a los proyectos individuales y colectivos, que combinen la afirmación de la libertad personal con el derecho a identificarse con una colectividad social, nacional o religiosa particular". De esta concepción la afirmación de la libertad personal y el concepto de colectividad social están íntimamente vinculados con los modos de representación de la voluntad popular. Para que estas formas de reproducción de conductas democráticas tengan lugar, el gobierno apeló a una política cultural y educativa destinada a remover el autoritarismo en el sistema escolar, universitario y científico estatal sustentado en la educación pública como promotora de la movilidad social. Un punto que le valió al gobierno el enfrentamiento con los sectores conservadores de la iglesia fue la promulgación de la ley de divorcio. A medida que el gobierno avanzaba en cuestiones religiosas, la institución eclesiástica comenzaba a hostigar a la democracia por ser portadora potencial de diversos males, desde la droga hasta la pornografía. Con respecto a la política internacional, el Estado argentino logró una progresiva reinserción a nivel mundial basado en principios derivados de los Derechos Humanos, la democracia, la paz y la independencia de los Estados.

Lucha de intereses

Si el Estado de Derecho limita el poder del Estado arbitrario y a su vez ayuda a enmarcar la vida social detrás de un proyecto cultural y democrático, siguiendo el pensamiento de Alfonsín en la campaña electoral, la lucha contra el poder sindical y militar iba a demarcar el límite de esa idea del Estado armonizador de intereses, lo cual iba a fragmentar la base del poder del gobierno radical: la civilidad.

La tensión entre la sociedad y la institución militar se profundizó luego del informe de la CONADEP, en el cual se registró la desaparición de 30.000 personas producto de la represión estatal. Sumando a esta situación la derrota en Malvinas, que estaba muy fresca en la memoria colectiva, el Poder Judicial preparaba el terreno para enjuiciar a los miembros de la junta militar. A pesar de esta condena social, el poder militar no estaba totalmente disminuido. Ellos reivindicaban su éxito en la "guerra contra la subversión" y basaron esto en el apoyo social que tuvo el golpe.

Para poder reordenar el Estado; y a las Fuerzas Armadas subordinarlas al poder civil, el juicio a las juntas tuvo que tener en cuenta algunas distinciones entre quienes dieron las órdenes que condujeron al genocidio, quienes se limitaron a cumplirlas y quienes se excedieron cometiendo atrocidades. Las instancias civiles también condenaron al Ejercito Republicano del Pueblo (ERP) y a grupos vinculados con Montoneros. El juicio duró aproximadamente ocho meses y la junta militar resultó condenada. Las leyes del Punto Final y Obediencia Debida que se dictaron estuvieron en consonancia con los preconceptos de las distinciones de culpabilidad antes del juicio.

Este período histórico del país que se basa en las condiciones cambiantes del esquema económico del Estado Benefactor, se deben a la influencia de las fuerzas centrípetas de los países capitalistas industrializados, lo que supone que la modernización económica puede ser una enemiga de la democracia si se la impone destruyendo el sistema político y silenciando a la sociedad civil.

Eso es lo que significó el papel cumplido por los militares en el período 1976-1983, porque la modernización económica implicaba la venida del liberalismo económico ortodoxo, asociado a los grupos económicos concentrados que tenían una gran decisión en el rumbo económico nacional, sobre un país cuyo Estado de Bienestar era promotor del desarrollo económico y social.

El otro frente de batalla se ubicaba en el sindicalismo que de a poco comenzaba a reconstruir su poder. El Estado Benefactor, la máxima expresión peronista de posguerra en la Argentina, posibilitó a los trabajadores luego de arduas luchas político-ideológicas ver con agrado el apoyo del aparato estatal para organizarse. En función de dicha organización, mediatizada por el dictado de leyes sociales, los trabajadores conformaron lo que alguna vez se dio en llamar la "columna vertebral de movimiento peronista". Las leyes laborales significaron de alguna manera la incorporación de los trabajadores al desarrollo político y económico de la nación. Dicha incorporación pudo corporizar la constitución de un sindicalismo de masas que se fundaba en los lazos solidarios en defensa de un interés (que con el tiempo se fue rodeando de prácticas espurias). La historia indica desde 1930 hasta 1983 períodos dictatoriales de gobierno con algunos imperios constitucionales. Este segmento de tiempo no permitió que la cultura democrática penetrara en la vida social y la disminución de la participación política se iba ensanchando en forma conjunta con la crisis de representatividad. El trabajo es un eje social que posibilita el reordenamiento de la sociedad en todos sus órdenes. Todo gira en torno al trabajo, de esta manera alcanzar la "felicidad de la ciudad" implica el mantenimiento y la ampliación de los espacios de negociación. De esta cuestión, el gobierno, al ver a un sindicalismo debilitado, producto de la represión, estático, en sus estructuras burocráticas y poco transparentes en sus prácticas, vio el momento para promover la democratización sindical. Pero la normalización trajo consigo la confirmación de las antiguas direcciones de las cúpulas. Al mismo tiempo los problemas económicos no encontraban el rumbo de la estabilidad, por consiguiente la lucha del sindicalismo contra el gobierno radical se basaba en la creciente inflación que disminuía el poder adquisitivo del salario real, en la no inclusión del sindicalismo en la discusión de la política económica y en las continuas tentativas de promover leyes que reorganizaran la actividad sindical. Este enfrentamiento "cívico-sindical", puso en evidencia las intenciones de Alfonsín de afirmar las libertades, que se comiencen a identificar con otras opciones políticas diferentes de las cúpulas sindicales, incluso hasta del mismo movimiento. La idea era respetar el interés que se defendía y provocar la identificación sindical con el Estado de Derecho. Otro elemento importante que suponía la democratización sindical era buscar una activa participación política del ciudadano y el dirigente político o sindical para que el espíritu democrático florezca allí donde el conflicto implique representantes de intereses distintos. Si se tiene en cuenta que la aspiración era formular un Estado de Derecho con reglas claras, permitir la identificación y la representación de los actores sociales y elaborar un proyecto cultural y democrático, los poderes concentrados y las jerarquías sociales que se habían establecido en forma parasitaria al lado del Estado, debían retroceder ante el imperio de la ley porque si no lo hacían la democracia se debilitaba.. Pero fue difícil, especialmente cuando el poder económico echó raíces muy fuertes en un Estado controlado por políticos "instrumentadores" de políticas cortoplacistas que ponían en práctica políticas de transferencias de ingresos hacia el extranjero y a los grupos parasitarios crecidos al amparo del aparato estatal.

Crisis económica, planes de ajuste y estabilización

Durante la campaña presidencial de 1983, Alfonsín selló un pacto explícito con la sociedad en el cual los valores y las instituciones democráticas permitirían solucionar muchos de los problemas económicos y políticos del país. Todo el contenido político que significó el discurso alfonsinista lo precipitó a la presidencia de la Nación con una base popular que constituyó su principal capital político en los primeros años de gobierno.

Con respecto a los problemas económicos profundizados por el régimen militar, la inflación constituyó uno de los más importantes, porque por medio de ella se institucionalizaron conductas y prácticas relacionadas con la incertidumbre y la especulación. Hacia el año 1981, el flujo de capitales hacia el país se había detenido, pero la deuda externa seguía creciendo producto de los intereses. A esta situación se añade la imposibilidad de pagar esos intereses producto del creciente deterioro del déficit fiscal, la caída de la recaudación impositiva, la pérdida del valor del dinero vía inflación y la puja distributiva resultante del control por parte del Estado de precios y salarios. Las medidas de política económica aplicadas por el Ministro de Economía, Bernardo Grispum, se orientaron a agilizar el mercado financiero para facilitar el acceso al crédito de pequeños y mediano empresarios y de esta forma comenzar un ciclo